Inspección a 78 estaciones de servicio de Canarias por la variación de precios durante la guerra en Irán
Un mes. Es el plazo que tendrá el servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo para investigar a 78 estaciones de servicio de Canarias por el súbito encarecimiento de los combustibles tras el estallido de la guerra en Irán. La información recabada será remitida al Servicio de Defensa de la Competencia, que tendrá que decidir si abre un expediente sancionador, si amplía las actuaciones o si las archiva. Los carburantes se encarecieron en el archipiélago en un tiempo récord. De hecho, durante los primeros 15 días de conflicto en Oriente Próximo, la gasolina 95 pasó de costar 1.18 euros por litro a costar 1.30. La 98 pasó de 1.21 a 1.42. El gasóleo habitual se situaba en 1.17 euros por litro el 28 de febrero, mientras que el 14 de marzo ya estaba en 1.32. Son los precios medios recogidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno de Canarias calificó la subida como "anómala" ya que iba en paralelo a los registros de la Península pese a que las islas, por su posición geográfica, suelen tener aprovisionamiento de combustibles para 15 días. El ejecutivo encargó entonces un estudio pormenorizado. El mercado está controlado por cuatro enseñas petrolíferasEl informe ha concluido tres meses más tarde que existe una "asimetría". Es decir, que las subidas del barril de brent se reflejan en el surtidor en un cortísimo periodo de tiempo, de 48 a 72 horas. Sin embargo, las bajadas cuando se abarata el barril tardan en notarse entre 10 y 13 días. Además, revela una elevada concentración del mercado, y es que cuatro enseñas petrolíferas controlan el 76,7% de la red de estaciones de servicio. La presencia de operadores independientes es significativamente reducida.Con la campaña inspectora, Consumo busca conocer "si se debe a inercias del mercado, a los cálculos de los operadores sobre los costes de reposición, a cómo hacen sus previsiones" o si ha habido un abuso de posición, ha explicado en la SER el director general de Comercio y Consumo. David Mille apunta que la investigación se dividirá en dos ramas. Por un lado, averiguar la estructura de formación de los precios de los combustibles en cada uno de los periodos de muestra que se han seleccionado. Por otro, controlar que se cumplen las garantías de información, contenido del ticket y exhibición de los precios para proteger a los usuarios. Las multas se calcularían en base al volumen de negocioToda la información acabará en manos del Servicio de Defensa de la Competencia. De abrirse un expediente, este será trasladado al Consejo Canario de Defensa de la competencia o en su caso a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para su resolución. Las sanciones a las que se enfrentan varían en función de la gravedad. En cualquier caso, las posibles multas se calcularían en base a un porcentaje del volumen de negocio, "del 1 al 9 o 10%" según Mille. La tramitación puede durar hasta 18 meses.